El nuevo zar de la frontera, Tom Homan, actualmente ha tenido una gran participación en los medios de comunicación para difundir los planes de la administración del presidente electo, Donald Trump, en las políticas migratorias. 

Recientemente declaró en una entrevista con CNN que las políticas utilizadas durante el primer mandato de Trump serán implementadas nuevamente, destacando aquellas como la separación de familias y la detención de familias completas que no tengan documentación, incluyendo a las infancias. Además, este martes afirmó que las caravanas de inmigrantes que lleguen a la frontera con México serán deportadas inmediatamente. 

Sin embargo, Trump y su equipo no han resuelto cómo lidiarán con los persistentes obstáculos de su primer mandato, y los de sus predecesores, a la hora de abordar la deportación de la población indocumentada que ya se encuentra en Estados Unidos: los recursos y personal limitados.  

Por ejemplo, Homan precisó que se necesitarán un mínimo de “100,000 camas” por día para detener a las y los inmigrantes, una cantidad que, a su parecer, volvería realidad la deportación masiva que tanto se espera. No obstante, este requerimiento es más del doble de la actual capacidad de ICE, la cual está estimada entre 38,000 y 40,000 camas diarias.  Si bien los centros de detenciones de personas inmigrantes actualmente son manejados por 2 grandes corporaciones privadas (CoreCivic y GEO Group), esto significa que entonces el presupuesto del gasto público debería incrementar proporcionalmente al doble, algo que curiosamente no ha sido abordado por el equipo de Trump. 

Adicionalmente, no hay que olvidar el persistente atraso de los casos en las cortes de inmigración que anticipa una gran demora para los planes de deportación masiva. De hecho, este retraso fue creado durante el primer mandato de Trump debido a la prioridad en la política migratoria de detener a todas las personas inmigrantes indocumentadas sin distinción alguna, cuando en los gobiernos anteriores se priorizaba a las personas con antecedentes penales, aumentando así los casos de deportaciones de inmigrantes sin récord criminal.  

¿El mayor problema? que no hubo un incremento en el personal para llevar los procesos de deportación en corte, porque para ejecutar una deportación es necesaria una orden judicial. Es decir, las personas detenidas por ICE tienen el derecho de acudir a una corte de inmigración y ser escuchadas por un juez o jueza federal en la materia, cosa que en muchos de los casos no sucede en días ni meses.  

Por ejemplo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el tiempo promedio para procesar un caso de deportación en 2020 durante el primer mandato de Trump fue de casi 2 años, y en algunas cortes superó los 3, para el 2024 el tiempo promedio fue de 2.8 años.  

Este incremento en los tiempos de procesamiento refleja la acumulación de casos pendientes y la creciente carga sobre el sistema judicial de inmigración. A pesar de los esfuerzos por agilizar los procedimientos, las cortes continúan enfrentando desafíos significativos para manejar el volumen de casos, lo que resulta en demoras prolongadas para los individuos en proceso de deportación.  

Es importante recordar que detener no es lo mismo que deportar, y la política migratoria del presidente electo se ha centrado en la gestión de detenciones, no la forma en la que ejecutará las órdenes judiciales de las deportaciones, por ejemplo, el presupuesto del gasto público que destinarán o los fondos que utilizará para ejecutarlas y mucho menos ha abordado algún incremento en el personal del sistema de justicia migratoria.  

Por lo tanto, puede pronosticarse que las deportaciones masivas prometidas no serán de manera inmediata para las personas que ya se encuentran en el país. No obstante, sigue siendo fundamental que las personas sin estatus legal busquen asesoría legal especializada para identificar si son elegibles a algún beneficio migratorio. 

En Brigante Law Group Inc., entendemos la complejidad de navegar el sistema migratorio en Estados Unidos, por lo que podemos ayudarles a explorar todas las opciones disponibles. Evaluamos cada caso de manera personalizada para identificar soluciones legales que puedan proteger a nuestros clientes de la deportación, como las visas humanitarias, la acción diferida o las peticiones familiares.  

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